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domingo, 24 de mayo de 2009

Ministerio de Producción, Secretaria de Cultura y CAPIF: "reestructuración de la industria discográfica nacional"


La noticia apareció el pasado 21 de abril en MDZonline:

El Gobierno reestructurará la industria musical
El Gobierno Nacional se comprometió a trabajar con la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) para promover una mesa de trabajo y que el Ministerio de la Producción se ocupe de "generar un programa de reestructuración de la industria discográfica nacional".

Leer la noticia completa aquí.

El comunicado de prensa que se cita en el cuerpo de la noticia es el que sigue:


Del texto del comunicado destacamos los dos últimos párrafos:

CAPIF planteó la necesidad de proteger los derechos intelectuales de los productores: es que -según explicaron- la venta de soportes físicos no autorizados es el principal obstáculo para el crecimiento del mercado del CD pero las principales pérdidas se dan en la dificultad que esta situación plantea para desarrollar nuevos talentos.

El discurso habitual de CAPIF incluye una supuesta tutela en favor de autores a los que no representa, y de cuyos derechos las entidades agrupadas en la Cámara llegan a ser titulares por contrato de cesión y no por mérito de creación. Por eso es de ponderar que en esta oportunidad CAPIF haya expresado que su planteo se refiere a la protección de los derechos intelectuales de los productores. Que hable de productores y no de autores sugiere una incipiente voluntad de sinceramiento que tendremos por creíble cuando la industria discográfica deje de adjetivar sus propios derechos como "intelectuales" y admita sin más ambages que sus reclamos son de naturaleza mercantil y no cultural.

Un aspecto digamos que curioso es la consideración de la "venta de soportes físicos no autorizados" como "principal obstáculo para el crecimiento del mercado del CD".

Cierto es que las ventas de música grabada descienden, pero CAPIF nada dice sobre la importancia creciente de las ventas de música digital. Una omisión que nos inclinamos a considerar como deliberada cuando nos enteramos de que según informes de la Federación Internacional de Productores de Música (IFPI) -entidad internacional de la que CAPIF es miembro- la demanda de música a través de Internet y de teléfonos móviles crece y logra compensar la caída que presentan las ventas globales de música grabada en formatos físicos. Si a esto se suma la tendencia que anuncia la próxima desaparición del CD y del DVD -tal como en su momento desaparecieron el cilindro de fonógrafo, el disco de pasta, el vinilo, el casete- no se entiende que la industria discográfica argentina siga esperando un "crecimiento del mercado del CD" que sabe o debería saber que no habrá de producirse.

En este contexto, se hace necesario que a la mesa que promueva el Ministerio de la Producción, según el compromiso asumido de que da cuenta el comunicado de prensa del 21.04.2009, sean convocados los distintos sectores sociales en los que incidirán los efectos del "programa de reestructuración de la industria discográfica nacional", de modo de asegurar que el programa sea de efectiva reestructuración de dicha industria, con base en la adecuación de su modelo de negocios a las condiciones creadas por el avance tecnológico, y no el salvataje, a financiar por el conjunto de la sociedad, de una industria que -hasta ahora- se ha empeñado en continuar aferrada a los mismos planes que le fueron funcionales hace medio siglo.

En cuanto al mercado digital, la cámara plantea solicitar que se repliquen los esquemas de Francia o Inglaterra donde se articuló con la colaboración de los ISPs (Internet Service Providers) la advertencia y suspensión del servicio a quienes hicieran download e intercambio ilegal de música.

"Intercambio ilegal de música": una frase que aparece machaconamente en el discurso de CAPIF. Dentro de tal denominación, como si se trataran de la misma cosa, incluye:
1. la copia de obra protegida para su venta y consiguiente lucro -una actividad sin ninguna duda ilícita-;
2. el intercambio de información sin fines de lucro a través de las redes "entre pares" o P2P, cualquiera sea su contenido, esto es, datos, música protegida, música no protegida.

Es esta tecnología y su uso por la sociedad lo que la industria discográfica viene atacando mediante recursos de toda laya: publicidad en la que atribuye caracter de delito a conductas que no están tipificadas en la ley penal; persecución a los usuarios -absurdo recurso obviamente imposible de implementar-, persecución a los administradores de websites que operan como buscadores -caso de The Pirate Bay en Suecia-, persecución a los desarrolladores de programas para el intercambio de archivos -caso de Pablo Soto en España-, y lobby para implicar a los gobiernos y obtener la sanción de leyes que criminalicen conductas que en el mundo cumplen millones de personas sin merecer reproche social.

Que CAPIF intente traer a Argentina el execrable esperpento normativo creado por el gobierno del señor Sarkozy a contrapelo de lo que viene diciendo el Parlamento Europeo (tema aun no definitivamente resuelto en ese foro), y de los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos denota que para la industria discográfica sus intereses están por encima de los de la sociedad y que, por tanto, sus empresas están exentas de someterse a las leyes de la Nación.

es derecho positivo en Argentina,
con la jerarquía constitucional que le confiere
el articulo 75, apartado 22, de la Carta Magna.

Esperemos que las autoridades a quienes se están dirigiendo los representantes de la industria discográfica recuerden esta norma fundante de nuestro sistema jurídico. Y que también tengan en cuenta que no es la sociedad la que se está apropiando de la cultura, como hemos tenido oportunidad de oir decir a dichos representantes en acto público, sino los intermediarios de la cultura los que están tratando de despojar de derechos a la sociedad para continuar lucrando con su anacrónico modelo de negocios que antes les ha sido productivo, pero que, tal como está, ya no se necesita:

"La edad de hierro fue la ruina
de los fabricantes de hachas de piedra".


Es una enseñanza de la historia, repetida miles de veces a través de todos los tiempos. Quien no la aprendió es que estaba distraído. Si el distraído era un CEO de una corporación, tendrá que rendir cuentas a sus accionistas. No será la sociedad la que asuma las consecuencias de su mal desempeño.


ACTUALIZACIÓN
(26.05.2009)

David Bravo -abogado defensor de Pablo Soto en el juicio que contra éste han promovido en España Promusicae y sus ad-lateres- relata en su blog alguna de las respuestas dadas por los representantes de las discográficas a ciertas preguntas que les fueran formuladas en las respectivas audiencias. De las que resulta que ninguno de los declarantes -supuestamente en cargos de jerarquía en sus empresas- conoce una página de internet llamada Jamendo; en cuanto al representante de Sony, tampoco conoce una "tecnología MD Walkman que comercializa Sony".

Ver en:
Ventana sobre el caso Soto: Jamendo, ese gran desconocido con más de medio millón de usuarios registrados
Ventana sobre el caso Soto: Sony y los avances tecnológicos

Lo dicho: tendrán que rendir cuentas a sus accionistas.

El juicio a Pablo Soto queda visto para sentencia